El Senado de la Nación analizó este miércoles los avances en la aplicación de la Ley 27.279 de gestión de envases fitosanitarios, en una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según constató AIM, el encuentro se realizó en el Salón Arturo Illia y reunió a especialistas de Campo Limpio y Syngenta, quienes expusieron sobre la implementación del sistema y los obstáculos para consolidar una producción más sostenible.
De acuerdo a lo que supo AIM, la directora ejecutiva de Campo Limpio, María Julia Pisanú, abrió la jornada destacando el impacto de la normativa, que permitió “terminar con los campos repletos de envases en ríos, enterrados o quemados”, además de desarticular circuitos ilegales de reciclado. Remarcó que “más del 90 por ciento de los envases del país tienen potencial de ser reciclados”.
Luego, Juan Manuel Medina, gerente de Institucionales y Comunicación de la misma entidad, presentó la evolución del sistema: de siete centros operativos en 2019 a más de cien en 2025. Subrayó que el agro “es la única industria con una ley específica que obliga a responsabilizarse por los envases que retornan al mercado”.
AIM también pudo reconstruir que Mariale Álvarez, directora de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Syngenta LATAM, advirtió que la “competencia desleal persiste” porque numerosas empresas aún no se adhieren al régimen. Si bien respaldó la economía circular, reclamó “remover las trabas que hoy hacen inviable económicamente el reciclado del plástico”, y aclaró que el problema no es la ley sino las condiciones para aplicarla plenamente.
Según informaron a AIM fuentes parlamentarias, el titular de la comisión, el senador entrerriano Alfredo De Ángeli, celebró los resultados del sistema y afirmó que “en Argentina se recuperaron 21 millones de toneladas de plástico”, en un contexto donde la producción anual oscila entre 140 y 160 millones de toneladas. “El 15 por ciento de la cosecha agrícola se recuperó en materias plásticas”, subrayó, al tiempo que destacó la necesidad de sostener campañas para prevenir daños ambientales y accidentes asociados al manejo de estos materiales.
Antecedentes
La Ley 27.279, sancionada en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri, fue originalmente impulsada por el Poder Ejecutivo en 2014, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental y regula el tratamiento de los envases vacíos de fitosanitarios según su nivel de toxicidad, obligando a una gestión diferenciada y controlada.
Los antecedentes de este debate en el Congreso se remontan a casi una década. Según constató AIM, el tratamiento de la gestión de envases fitosanitarios ingresó por primera vez a la agenda parlamentaria en 2014, cuando el Poder Ejecutivo elevó un proyecto que buscaba fijar reglas claras para el manejo de residuos de alta complejidad ambiental. En aquel momento, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de uniformar criterios entre provincias, ante el crecimiento sostenido del uso de fitosanitarios y las denuncias por contaminación en zonas rurales.
La discusión técnica se profundizó en las comisiones de Ambiente y de Agricultura, donde funcionarios nacionales, cámaras empresarias y organizaciones especializadas expusieron sobre el impacto de los envases fuera de norma. Una de las principales preocupaciones era la multiplicidad de normativas provinciales, lo que generaba vacíos regulatorios y dificultades para la trazabilidad del material plástico, que en muchos casos terminaba en circuitos informales.
El debate se reactivó definitivamente entre 2015 y 2016, cuando se incorporaron modificaciones para reforzar la responsabilidad extendida del productor e incorporar mecanismos de control y fiscalización más estrictos. El consenso interbloque permitió sancionar la Ley 27.279 con amplio apoyo, al reconocerse que el esquema previo era insuficiente para responder a la magnitud del problema ambiental. Desde entonces, diversas comisiones legislativas siguen monitoreando su ejecución y convocando a especialistas para ajustar los sistemas de recuperación y reciclaje.