El último encuentro del Consejo de Mayo, compuesto por representantes del Gobierno, el Congreso, el sector empresario y el sindicalismo, dejó en claro que la reforma laboral aún no logra el consenso necesario para avanzar. Lo que se esperaba que fuera la antesala de un acuerdo quedó empantanado en desacuerdos que mantienen enfrentados principalmente a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Confederación General del Trabajo (CGT).
Aunque los participantes resaltan que el clima de trabajo es cordial, nadie disimula que la CGT mantiene una postura firme. Su reclamo principal es que el Ejecutivo no presentó todavía un texto definitivo que contenga los cambios laborales que pretende impulsar. El secretario general de la Uocra y miembro del Consejo, Gerardo Martínez, fue explícito al señalar que “no hay consenso” porque no se conoce “ni la letra grande ni chica” de la propuesta oficial.
La tensión creció aún más tras la filtración de un borrador con más de cien puntos de reforma. Dentro de la UIA hubo malestar por la difusión de ese documento, ya que el presidente de la entidad, Martín Rappallini, había pedido confidencialidad mientras se continuaran discutiendo los contenidos.
Desde la industria, la preocupación más grande radica en la necesidad de reducir la litigiosidad laboral, que describen como “muy alta”, incluso pese a la caída de la siniestralidad en los últimos años. Sin embargo, dentro del empresariado subrayan que cualquier modificación laboral perderá efectividad si no va acompañada de mejoras macroeconómicas: estabilidad fiscal, baja de la inflación, normalización de las importaciones y una fuerte reducción del riesgo país. También miran con inquietud la escasez del crédito al sector privado —apenas el 12 por ciento del PBI en Argentina— frente a niveles ampliamente superiores en países de la región como México, Colombia, Brasil o Chile.
Entre los temas que generan mayor fricción aparecen los convenios colectivos por empresa en lugar de por actividad, la implementación de un banco de horas, cambios en el régimen de indemnizaciones, beneficios fiscales para las empresas y la posibilidad de que el salario pueda abonarse en moneda extranjera. La sola idea de que los convenios se negocien empresa por empresa abre un debate interno incluso dentro del propio sector industrial, ya que modificaría de manera estructural la participación gremial en las negociaciones.
Del lado sindical, las resistencias se focalizan en dos pilares. El primero es la defensa de la ultraactividad de los convenios colectivos, que garantiza la continuidad de las condiciones laborales aun después del vencimiento del acuerdo. El segundo, la oposición a la eliminación de los aportes obligatorios a los sindicatos y al sistema de obras sociales, una pretensión que impulsan sectores del Gobierno, especialmente desde el área de desregulación económica. La historia reciente marca un antecedente relevante: el intento del Ejecutivo de modificar estos aportes por decreto a fines de 2023 quedó frenado por decisión judicial y se mantiene suspendido.
En el Gobierno consideran que primero debe alcanzarse una instancia de acercamiento con la CGT para luego avanzar con un esquema de diálogo más amplio que incluya al empresariado. La mesa de negociación se mantiene abierta y el rol de asesores presidenciales como Santiago Caputo aparece como un puente posible para intentar destrabar la discusión con Gerardo Martínez y otros referentes gremiales.
Mientras tanto, la economía industrial sigue mostrando signos de alarma. Los últimos datos reflejan una caída interanual cercana al dos por ciento en octubre, lo que refuerza el malestar del sector en un momento en el que se esperaba un repunte de la actividad. La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) realiza por estos días un relevamiento en las provincias de mayor peso fabril para volcar un diagnóstico actualizado que pueda transformarse en nuevas propuestas para la UIA. El tema estará sobre la mesa en la cena de fin de año de los industriales, que se realizará el 13 de diciembre en Tigre, donde además se espera una definición política más clara respecto al camino de la reforma laboral.